
El documento fue suscrito por el canciller colombiano, Jaime Bermúdez, y por el embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield, en un rápido acto que se cumplió a puerta cerrada en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El convenio autoriza la presencia en el país de un máximo de 800 militares estadounidenses y 600 civiles contratistas del gobierno estadounidense, que realizarán operaciones de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, según han indicado los dos gobiernos, que no han divulgado el texto.
Los uniformados estadounidenses gozarán de inmunidad diplomática.
Tanto Washington como Bogotá aseguran que el convenio establece que las operaciones militares que se realicen no

El anuncio del acuerdo generó preocupación en la mayoría de los países de la región, y el rechazo por parte de los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Venezuela, Hugo Chávez, quien ha sido el más firme opositor.
Chávez sostiene que mediante el acuerdo Washington está montando en Colombia una plataforma de ataque a su país, y bajo ese argumento ha defendido la compra de armamento.
Washington empezó a negociar el acuerdo con Bogotá luego de que el presidente ecuatoriano decidió no prorrogar una concesión de diez años de la base militar de Manta, desde la cual Estados Unidos lanzaba sus operaciones antidrogas en la región.