EL GOBIERNO Y SUS FANTASMAS

En el mes de la patria, el Perú puede describirse como un país de fantasmas del gobierno. Por un lado deambula Velasco amenazando no sólo con límites agrarios a la santidad del mercado sino también con amenazas estatistas, según acaba de describir la próxima campaña nacional un diario capitalino.

Por otra acera deambula un fantasma terrorista distinto al grupo armado real que se esconde en la selva y que nadie puede detener, y que ha dado origen a un insólito señalamiento entre los políticos criollos culpándose ni más ni menos que “acatar” (escucharon bien, acatar) un fallo de una Corte Internacional de derechos humanos, del mismo rango a la que estamos acudiendo para resolver el diferendo con Chile y donde decimos que cualquiera sea lo resuelto hay que acatar.

Hay otros fantasmas que creemos preciso señalar: los religiosos ecologistas que han reemplazo a los que antes eran señalados con los religiosos “rojos”, y que algunos creen que si se les echa del Perú se acabarán las protestas indígenas. Algo así como decir que sin el religioso británico Paul Mc Auley no habría habido el conflicto que enlutó el país el 5 de junio, porque los nativos hubieran abandonado la Curva del Diablo a LA PRIMERA orden del gobierno.

Otros fantasmas son los supuestos radicales de Puno y quizá también algún dirigente de construcción civil.

¿Reflejan estos temas lo que realmente está pasando en el país? Veamos alguno de los puntos anotados. En los años 70, las normas de reforma agraria llegaron en su momento más duro a fijar el límite de tierras en la costa en 150 hectáreas. Del Castillo propone 40 mil y García pide tamaño libre. ¿Es este un debate verdadero? Pero la pregunta fundamental es: ¿no tiene que ver la democracia con la propiedad de la tierra? ¿Puede haber libertad para otros factores productivos si se acapara la fuente de producción de alimentos y el agua?

Velasco ya es historia. Pero el presidente García, el premier Velásquez, el ex premier Del Castillo y otros están definiendo el Perú del futuro, reconstruyendo concentraciones territoriales muchos mayores de las que existían en los años 20 y condujo a la formación del APRA bajo la consigna de la nacionalización de la tierra y las industrias.

Otra mentira es que la Corte favoreció a los terroristas. Tanto no lo hizo que debió forzar su tradición jurídica para que la anulación de los aberrantes juicios del fujimorato (sin derecho de defensa) no diera lugar a excarcelación de los procesados, que siguieron en prisión hasta el nuevo juicio y al cumplimiento de su sentencia.

El reconocimiento de costos a los padres de Berenson por 36 mil dólares no tiene, por ejemplo, punto de comparación con el otorgado al ex brocker de Seguros Gustavo Cesti, arbitrariamente acusado de fraude, negligencia y desobediencia, e internado en una prisión militar bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Eso nos está costando una reparación de 25 millones de dólares para Cesti, 10 millones para su esposa y 5 millones para cada uno de sus hijos, más intereses. ¿Y quién es responsable de eso? ¿La Corte? ¿O el gobierno de Fujimori?