Impunidades

Alan García ha promulgado una ley que permite que funcionarios corruptos, que incluso hayan sido condenados por enriquecimiento ilícito, puedan volver a ejercer cargos públicos. Un coimero reincidente, de esos que creen que la plata llega sola, puede así volver al Congreso, a un ministerio o a la presidencia de la República.

La ley firmada por García establece que tales acusados sólo serán sancionados penalmente si sus actos han producido un daño económico contra el Estado. Esto es absurdo: todas las investigaciones en el país y en el mundo demuestran que las coimas, burlas presupuestarias y delitos afines siempre perjudican a la economía nacional.

El régimen de García deja en ese dispositivo la seña de su moral, mejor dicho, de su ausencia de moral.

Esto ocurre en momentos en que arrecia la campaña para librar a Alberto Fujimori de la pena que lo castigó por autoría mediata de 25 asesinatos.

La justicia, en causa que respetó el debido proceso así como la defensa plena del acusado, condenó al exdictador a 25 años de prisión. No era una sentencia injusta, si se considera la crueldad de crímenes como el de la Cantuta y el de Barrios Altos.

No todos los delitos de Fujimori han sido sancionados, o siquiera investigados. Falta establecer, por ejemplo, qué llevó en sus valijas Rosa Fujimori, su hermana, en los 200 viajes internacionales que realizó mientras su hermano disfrutaba del poder absoluto, en complicidad con una pandilla de mandos militares vinculados al narcotráfico y a Vladimiro Montesinos.

La campaña para el indulto de Fujimori la inició el congresista aprista José Vargas, en una propuesta que fue presentada como personal, pero que, como demuestran diversos hechos ulteriores, anunciaba una ofensiva programada.

En las últimas horas se han producido mítines de Fujimoristas a favor del indulto. Se anuncia para el jueves 16 una marcha con igual objeto.

Cierto es que la salud de Fujimori se ha agravado. Después de su intenso esfuerzo electoral en pro de su hija y cómplice Keiko, tiene un aspecto muy desmejorado. Se informa que ha sufrido una súbita y alarmante pérdida de 16 kilos. Las imágenes no mienten al respecto.

En esto, la última palabra la tienen los médicos. El presidente Alan García tendrá que decidir a la luz de esa opinión.

Si el mal fuera grave, pero pudiera aliviarse con cuidados médicos, entonces debería ser internado en una clínica y cuidado por los galenos. No puede olvidarse la gravedad de los daños que Fujimori causó a la sociedad, a personas inocentes, a la economía, a la defensa y la seguridad nacional y, lo peor de todo, a la institucionalidad, los derechos humanos y la moral pública.

Escribe César Lévano