La cohesión de la sociedad se basa en el desnudo interés que encuentra en el dinero su más acabada expresión. Una situación así provoca que se desarrollen relaciones de dependencia, y por tanto de explotación entre los miembros de una sociedad. La inexistencia de un control por parte de la comunidad sobre la actividad económica implica la primacía del interés privado sobre el propiamente colectivo.
La actividad económica se reduce a un proceso de acumulación de capitales, de incremento del patrimonio individual y consecuentemente una concentración de la riqueza. La economía como tal ha perdido su función social, aquella por la que servía de cauce para la satisfacción de las necesidades mutuas de los integrantes de la sociedad.
No existe, entonces, una organización de la economía y de la sociedad que responda a las necesidades de esta última, y el libre mercado permite que cada uno pueda ocupar cualquier posición que por naturaleza no le correspondería. La falta de un interés común, y con ello de un tipo de organización que facilite la cooperación social impidiendo la concentración de la riqueza, hace posible los actuales desequilibrios económicos y sociales que fomentan las contradicciones entre clases y sociedades.
El desarrollo del capitalismo a partir del libre mercado, la libre iniciativa y la no intervención del Estado en ningún aspecto económico, promueve la superconcentración de la riqueza en quienes controlan el mercado, a lo que va aparejada una posición social que permite el control del poder político. Es así como se forman los oligopolios y los monopolios, como resultado de la convergencia de intereses entre individuos y grupos que detentan una misma posición en el entramado socioeconómico del capitalismo, aliándose con el propósito de ejercer su control sobre el poder político y garantizar su hegemonía en la sociedad.
La conformación de estos grupos de presión como actores colectivos exige una definición que acote el significado y la importancia de su actividad, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones que mantiene con el poder político.
Así pues, en primer lugar sería necesario destacar que se tratan de organizaciones de carácter voluntario, las cuales tienen como principal objetivo influir sobre el proceso político, defendiendo para ello aquellas propuestas que afectan a sus intereses. Se trata de grupos que se proponen para participar en la elaboración de decisiones políticas relacionadas con su sector de interés pero sin asumir responsabilidades institucionales. Su papel es actuar sobre las instituciones pero sin ejercer directamente el poder que éstas administran.
Los grupos de presión a los que aquí nos referimos son aquellos que están ligados a la esfera económica, y que se organizan en función de la posición que ocupan en la organización social del trabajo y de las relaciones económicas. Es, por ejemplo, el caso de las grandes corporaciones que agrupan a una gran cantidad de diversas empresas que abarcan una increíble heterogeneidad de sectores. Las características principales de estos grupos en cuanto a su grado de estructuración es su fortaleza y estabilidad, ya que se trata de organizaciones que cuentan con claras y definidas jerarquías que rigen su funcionamiento y proveen de una elevada disciplina interna, así como una serie de recursos económicos y materiales que les confieren la estabilidad necesaria para desarrollar sus actividades de manera sostenida en el tiempo.
Este tipo de actores colectivos que conforman los grupos de presión cuentan con un discurso sectorial, atendiendo siempre a la esfera de intereses que les ataña. Sin embargo, aunque su discurso pueda limitarse a ciertos sectores y ámbitos, cuando el poder político cede ante sus presiones, las consecuencias de las decisiones tomadas siguiendo ese mismo discurso acostumbran a ser de carácter global, afectando así al conjunto de la sociedad.
Además de esto, y en lo que ataña a la tipología de este actor colectivo, los grupos de presión tienen como escenario preferente de actuación el medio institucional y social, desarrollando una gran variedad de métodos y formas de acción para presionar al poder político y conseguir decisiones favorables a sus intereses.
Entre las diferentes formas de acción destacan las actividades de persuasión, haciendo uso del recurso que ofrece la transmisión masiva de información y documentación a través de los mass-media, influyendo sobre la opinión pública para conseguir que esta respalde sus posicionamientos, intentando presentar sus intereses sectoriales como asociados al “interés general”, y persuadir de este modo a la población de sus argumentos. Así, es bastante habitual que se utilicen campañas publicitarias de todo tipo, recurriendo incluso a personajes de especial prestigio social y con cierto relieve público para dotar de mayor credibilidad sus reivindicaciones.
Se hace uso, también, de toda la red de contactos de la que se dispone, llevando a cabo entrevistas y consultas con diferentes actores para obtener el mayor respaldo posible. Normalmente se recurre a esta estrategia con el objetivo de crear coaliciones y alianzas con otras organizaciones, de tal modo que sea posible sumar fuerzas para defender sus intereses. Todo esto depende de la capacidad de relación con otros actores que tenga el grupo de presión, así como de su grado de influencia sobre el medio en el que se desenvuelve.
Asimismo se suelen movilizar los recursos económicos para desarrollar el mecenazgo de actividades sociales y culturales, creando para ello toda clase de fundaciones y asociaciones de carácter no lucrativo que sirven, habitualmente, para proyectar sobre las instituciones y la sociedad su punto de vista acerca de determinadas cuestiones que afectan a sus intereses.
Por otra parte se encuentra la contribución a la financiación legal o encubierta de los partidos, o simple y llanam
ente la corrupción a través del tráfico de influencias, los regalos, las comisiones, promociones profesionales, etc.
En otras ocasiones la actividad de estos grupos de presión se desenvuelve en el campo jurídico, pues sus inmensos recursos económicos les permiten contar con una asistencia jurídica de gran envergadura, por lo que hacen uso de ella de cara a resistir el cumplimiento de obligaciones legales, procediendo, a su vez, a interponer recursos de todo tipo para exigir la paralización de determinadas decisiones, reclamar indemnizaciones, o simplemente demorar la aplicación de alguna medida. Estas son, entre otras muchas, las principales formas de acción en este ámbito.
Por último, y en lo que ataña a las formas de actuación que pueden llevar a cabo los grupos de presión, se encuentran aquellas en las que se recurre a la fuerza física, la intimidación, y la coacción, sin dejar de lado aquellas otras que implican la interrupción de alguna actividad económica como una fuga de capitales, o simplemente el uso de la violencia contra bienes y personas, utilizando métodos mafiosos, etc.
Por tanto, y como se puede apreciar, los grupos de presión pueden llegar a hacer uso de acciones que en ocasiones son públicas, mientras que en otros casos son discretas o incluso secretas. Pero a nivel general y a grandes rasgos se puede afirmar que acostumbran a permanecer en la penumbra las presiones que ejercen sobre el poder político, así como aquellos contactos directos con actores públicos y privados que forman parte del proceso de elaboración de determinadas políticas públicas, y de igual modo las intimidaciones o las ofertas de corrupción. Debido a estos métodos secretos se ha llegado a considerar a algunos grupos de presión como los componentes de un “imperio anónimo” que actúa en la sombra.
Los fundamentos ideológicos del sistema capitalista, en los que la competencia del libre mercado y el individualismo económico son sus principales pilares, han contribuido a que la riqueza se haya concentrado en pocas manos y que ello, a su vez, servido para controlar el poder político.
El capitalismo ha entrado en su fase de superconcentración económica con la formación de oligopolios primero y monopolios después, haciendo su aparición una forma de capitalismo monopolista en el que megacorporaciones determinan la política del Estado, pasando a ser los gobiernos meros títeres de los intereses de ese omnímodo poder económico que ejerce un control despótico sobre la sociedad a través de la política.
Ese es el caso de los propios EE.UU., donde la política del gobierno la planifican estas organizaciones económicas en prácticamente todos los ámbitos, no limitándose únicamente al económico, sino proyectándose en la política exterior, seguridad, defensa, medio ambiente, etc…
También es interesante destacar que algunos autores consideran que estas corporaciones tienden, en última instancia, a suplantar el poder institucional, no limitándose únicamente a presionar sobre el poder político para obtener concesiones. No cabe duda de que las tendencias a la superconcentración económica que conducen la dinámica del capitalismo podrían, dado el caso, llegar a generar situaciones de este tipo en las que las grandes corporaciones se doten de su propio poder coercitivo al margen del poder oficial del Estado. Y tal vez no se tarde en ver algo así, ya que junto a la creciente pérdida de soberanía del Estado se ha dado la completa privatización de casi todos los servicios que antes gestionaba, lo que lo ha dejado a completa merced de estos depredadores, conservando únicamente su control sobre unas fuerzas armadas y unos cuerpos de seguridad policial que, cada día, tienden a contar con menos efectivos en beneficio de compañías de seguridad privada y, también, de los ejércitos de mercenarios.
Nos encontramos que con la desmantelación del Estado efectuada por la globalización, la sociedad se ha vuelto más vulnerable a las agresiones externas procedentes de las esferas económicas, y concretamente de las grandes empresas multinacionales y transnacionales que llevan a cabo una estrategia política y económica de orden global. La sociedad se ha quedado así sin los mecanismos precisos para salvaguardar sus intereses, y de algún modo impedir los abusos por parte de intereses de grupos sociales, individuos y corporaciones globales.
Los efectos de las corporaciones se reflejan en todas las legislaciones de los diferentes países, haciendo valer sus intereses en todas aquellas esferas de la vida del Estado que les puedan afectar. De este modo consiguen que los parlamentos desarrollen legislaciones que les favorezcan y que faciliten un mayor control económico y político sobre la sociedad. La supresión de barreras al comercio internacional y las actividades financieras ha reforzado más aún su poder, ya que su funcionamiento es las 24 horas del día los 365 días del año. Sin barreras, sin trabas de ningún tipo, y habiendo superado las limitaciones físicas del espacio-tiempo, cualquier decisión se materializa de forma inmediata en cualquier punto de la tierra.
En la medida en que el Estado es desposeído de su soberanía, las corporaciones y las grandes concentraciones financieras incrementan sus recursos y sus medios con los que poder ejercer una dominación efectiva sobre la sociedad.
En otro lugar no menos importante se encuentra la ideología que se difunde a nivel social, y que intenta presentar a las empresas y corporaciones como los entes más cualificadas para dirigir la sociedad, ya que lo han demostrado a través de su eficacia en el mercado, siendo grandes organizadores de activos, pasivos y recursos humanos. Juntamente con esto se extiende la idea de que los grandes hombres de negocios son, a su vez, las personas más aptas para dirigir el Estado, respaldándoles para ello su éxitos económicos.
El Estado tiende a ser reducido a una condición meramente testimonial, pues cada día cuenta con menos medios y recursos para solucionar los problemas de la sociedad, poniendo en evidencia su incapacidad como institución. Por esta razón, las corporaciones fomentan su desmantelación, no sólo porque el poder que este pierde es asumido por ellas, sino porque, al mismo tiempo, se contribuye a desacreditarlo socialmente y presentarlo como una institución ineficaz y prescindible, cuya labor la podría desempeñar mucho mejor un ente privado.
Además de esto hay que reseñar la estrategia de las grandes multinacionales y corporaciones que llevan a nivel mundial, y que se plasma en diferentes formas de organizarse con el objetivo de reducir su vulnerabilidad ante el Estado y la sociedad. Para ello se desarrolla una organización compleja a nivel jurídico con la que eludir controles, creando una serie de redes de empresas asociadas (como las franquicias) que impiden el control por parte del Estado ante posibles sanciones, nacionalizaciones o medidas punitivas. La complejidad de las formas de organización que adoptan se incrementa con las empresas subcontratadas, de manera que jurídicamente se eluden también las responsabilidades ante el Estado y la sociedad.
A todo lo anterior hay que añadirle la diversificación de las actividades de las grandes compañías multinacionales, de forma que su producción no se realiza de forma íntegra en un solo país, sino que el proceso de producción se encuentra disperso a lo largo de todo el planeta, no pudiéndose de esta manera paralizar su actividad y con ello tampoco su obtención continuada de beneficios. Esta circunstancia impide, también, cualquier control por parte de la sociedad, como pudieran ser las asociaciones de consumidores o el conjunto del movimiento obrero, contribuyendo de esta manera a impedir la cohesión y la unidad de determinados actores colectivos que pudieran oponerse a sus intereses.
La progresiva concentración de la riqueza mundial conduce, simultáneamente, a la vulnerabilidad de los pueblos ante un poder despótico que ha minado la soberanía de los Estados. Así es como opera la gran sinarquía internacional. Todo parece conducir hacia el establecimiento de un gran gobierno mundial de las corporaciones globales, instituyendo así un poder despótico que someta al mundo a la esclavitud.
Tras las declaraciones exclusivas de Rómulo León, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, expresó que ni el jefe de Estado Alan García ni el Gabinete Ministerial tienen temor a lo que pueda declarar el ex ministro de Pesquería ante la justicia.
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El gobierno venezolano asumirá el control de la mina de oro Las Cristinas (Estado Bolívar, sureste), uno de los yacimientos más importantes del mundo que actualmente está en manos de la compañía canadiense Crystallex, anunció este miércoles el ministro de Minas, Rodolfo Sanz.
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La idea de crear el Banco del Sur nace como una necesidad histórica, de vida o muerte para Latinoamérica. El presidente venezolano Hugo Chávez, fue quién lanzó el proyecto, le mostró los beneficios al ex presidente Kirchner, idea al que se sumó Brasil como se suma a todos los intentos de integración sudamericana, no por su vocación integradora, sino por su ambición de dominio en la región. Y así, si los proyectos o ideas que se lanzan benefician la política expansionista los apoya, de lo contrario los esteriliza, pero nunca los rechaza.
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