Ay
er llegó a nuestra redacción el texto de un proyecto de ley que nos hace retroceder en el túnel del tiempo y podría estar firmado por el sanguinario dictador Luis M. Sánchez Cerro y el despiadado represor Alejandro Esparza Zañartu.
El texto que modifica el Código Civil y la Ley General de Sociedades lleva la firma del Presidente Alan García y su premier Yehude Simon.
Se trata de un intento totalitario que permitiría, si el Congreso de la República se atreve a aprobarlo, cerrar cualquier empresa o institución que desagrade al gobierno, para lo cual bastaría con acusarla de atentar contra “la soberanía nacional, la seguridad del Estado, el orden público o el principio internacional de no intromisión en asuntos internos”.
Hay que remontarse al régimen del comandante Sánchez Cerro, fascista convicto y confeso, para encontrar excesos reaccionarios de ese calibre. Baste recordar que a los 40 días de aupado en el poder, ese dictador decretó, el 12 de noviembre de 1930, la disolución de la Confederación General de Trabajadores (CGTP) fundada por José Carlos Mariátegui.
El proyecto del dúo García-Simon parece inspirado en el decreto sanchezcerrista. Pretendía éste que un paro acordado por la central obrera “obedece a las sugerencias y maquinaciones de los elementos que en su seno dependen de determinadas organizaciones extranjeras”.
El proyecto remitido al Congreso el 19 de noviembre último pide modificar el Artículo 96º del Código Civil mediante el texto siguiente:
“Disolución por atentar contra el orden público y otras causales. El Ministerio Público puede solicitar judicialmente la disolución de la asociación cuyas actividades o fines resulten contrarios al orden público, a las buenas costumbres, a la soberanía nacional, a la seguridad del Estado, o al principio internacional de no intromisión en asuntos internos”.
Si Sánchez Cerro aludía a dependencia de organizaciones extranjeras, García y Simon se inscribe en el contexto maccarthista de atribuir a la Venezuela responsabilidad por los conflictos sociales que surgen en el país. Los imaginarios vínculos de la izquierda con las FARC están a la orden del día, y no por casualidad.
En esta columna hemos denunciado el plan de ultraderecha para arrasar con las libertades democráticas. Han reclutado para eso un grupo de medios y periodistas venales, alquilones del poder y cómplices de sus crímenes.
Detrás de ese empeño están algunos grandes empresarios que se han beneficiado con las sobreganancias mineras y la política antilaboral del régimen. También sectores de la agroexportación que, gracias a Fujimori y García, han construido imperios económicos y que en una ocasión no han vacilado en exhibir sus impulsos fascistas y homicidas.
Sánchez Cerró empezó sus desmanes fascistas prohibiendo a la CGTP y encarcelando, cuando no matando, a dirigentes sindicales comunistas. Después descargó su furia contra el Apra naciente. La historia registra cómo hubo periódicos que alentaban la exterminación “de esa raza maldita, los apristas”.
La represión bañó en sangre al país, torturó, desterró, clausuró periódicos, asaltó imprentas, estableció la censura en prensa y radio. El Perú se hundió en un abismo de guerra civil y de odio.
Eso mismo es lo que persigue, explícita o implícitamente, el proyecto fascistizante actual.
Pero Sánchez Cerro no es el único modelo inspirador de los gobernantes de turno.
El general Oscar R. Benavides, quine reemplazó a Sánchez Cerro después de que éste muriera asesinado por un militante aprista, dictó en 1937 la llamada Ley de Seguridad Pública, la Ley 8505, cuya revocación fue exigida durante años por los sectores democráticos y los movimientos de masas. Al final, todos los textos represivos fueron anulados por la (efímera) primavera democrática que el país vivió entre 1945 y 1948.
Obligatorio es recordar que en esa etapa el Apra, que tenía enorme respaldo ciudadano, dio muestras de abuso del poder, de aprovechamiento de las palancas económicas del Estado y de una creciente y bufalesca intolerancia frente a quienes discrepaban con ella.
En esa etapa se vio asimismo que el Apra abandonaba todo radicalismo verbal. Un giro de 180 grados la colocó como aliada del imperialismo norteamericano tanto en el plano empresarial interno como en la política internacional. Su defensa de la International Petroleum marchaba a la par con su línea a favor del Kuomintang proyanqui de China y contra la lucha armada que llevó al triunfo al partido de Mao Zedong.
Al final de ese período, el aprismo fue estragado por un movimiento de pinzas interior. Por un lado, Víctor Raúl Haya de la Torre parecía inclinado a un levantamiento armado contra el régimen constitucional de José Luis Bustamante y Rivero. Resonantes fueron frases suyas como “¡no nos provoquen!”. Había implícita una amenaza de violencia. Pero Haya conspiraba, en realidad, con un grupo de jefes militares.
En las bases apristas crecía, por otra parte, un movimiento de rebelión con banderas revolucionarias. Este afloró el 3 de octubre de 1948, cuando prácticamente toda la marinería de la Armada nacional se apoderó de las principales naves. En el Callao y en centros vitales de Lima los defensistas entraron en acción.
Hubo cientos de muertos y una gran derrota.
El Apra fue declarada ilegal.
Después vino el cuartelazo del general Manuel Arturo Odría. Enrique Chirinos, derechista alistado en el Apra, describe en su Historia de la República el otro modelo que inspira a García y Simon: la Ley de Seguridad Interior de la República.
Dice Chirinos: “Para el problema político, la dictadura castrense tiene una solución muy simple y expeditiva: el garrote. La Junta Militar confirma la prohibición legal de la existencia del Apra y la extiende al Partido Comunista. A partir de noviembre de 1949, la Junta Militar renueva todos los meses el decreto de suspensión de garantías individuales… En julio de 1949, no aparece el consabido decreto de suspensión de garantías. A mediados de ese mes, aparece, en sustitución, un decreto ley denominado de Seguridad Interior de la República, que equivale a hacer permanente y consagrar la suspensión de garantías”.
Gracias a esa ley, miles de apristas, comunistas y opositores en general sufrimos represión sin tregua, prisiones, torturas, exilios. El proyecto de ley remitido al Congreso en los días en que la APEC se ponía en marcha también habla de seguridad del Estado. Lo que defiende en verdad es la seguridad del régimen y sus titiriteros nacionales y foráneos.
Hay que forjar un amplio frente único contra esa amenaza.
El Perú, transita por el sinuoso camino de la corrupción, desnacionalización y pérdida de soberanía. La masiva llegada de capitales foráneos principalmente chilenos es un hecho. 
vamos el aire, el suelo, el mar y los centros arqueológicos dejarán de ser peruanos; el último botín en disputa será el agua y la energía, recursos estratégicos escasos en el país del sur. 
Procedente de Tingo María (Huanuco), arribó a Lima el avión Antonov de la Policía Nacional del Perú con los restos mortales de los efectivos que perecieron en una emboscada.
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